La crisis en Ucrania provocada por la invasión rusa en febrero ha hecho que se vuelva a prestar atención a los programas de ciudadanía por inversión del Caribe, ya que las sanciones impuestas a Rusia y a muchos de sus ciudadanos más ricos han llamado la atención sobre los acuerdos de inmigración e inversión utilizados por la élite rusa para proporcionarles una mayor movilidad internacional y gestionar fondos en todo el mundo.
La controversia en torno a los programas de ciudadanía por inversión, como los que existen en muchos países caribeños, se ha ido gestando durante algunos años, en medio de la preocupación de que sean explotados por el crimen organizado y contribuyan a la legitimación de individuos corruptos y de fondos adquiridos de forma corrupta.
Aunque la mayoría de las 35.000 personas a las que se les ha concedido la ciudadanía por inversión del Caribe son inversores legítimos que simplemente acceden a oportunidades diseñadas precisamente para atraer capital extranjero, la reciente atención prestada a Rusia y a su conjunto de superricos ha aumentado el escrutinio de los programas de ciudadanía por inversión y ha ampliado los llamamientos para que se reduzcan.
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Tanto en la Unión Europea como en Estados Unidos se están tomando medidas para aplicar una legislación que penalice a las naciones que ofrezcan estos planes, como parte de acciones más amplias para poner en el mayor apuro posible al gobierno ruso y a sus colaboradores de más alto perfil.
Entre los miembros de la Organización de Estados del Caribe Oriental (OECS) se encuentran conocidos programas de ciudadanía por inversión, y estos países se enfrentan ahora a la presión de poner fin a la venta efectiva de pasaportes, al igual que hizo el Reino Unido a principios de este año, cuando eliminó su llamado plan de “visado dorado” poco más de una semana antes de que las tropas rusas cruzaran la frontera ucraniana.
En Estados Unidos, a principios de marzo se presentó en el Congreso una “Ley de no viajar para los traficantes”, que impedirá a los países que ofrecen la ciudadanía por inversión del Caribe más allá de 2025 acceder al plan de exención de visados estadounidense.
Menos de una semana después, el Parlamento Europeo aprobó una resolución en la que se denuncian los regímenes de visados dorados, en un esfuerzo por obligar a los Estados miembros a ponerles fin, haciendo especial hincapié en impedir el acceso de los rusos adinerados. Una de las medidas propuestas para forzar la mano de las naciones no pertenecientes a la UE, similar a la de Estados Unidos, es negar el acceso a los visados del Espacio Schengen.
Estas medidas son especialmente potentes precisamente porque uno de los grandes atractivos de los programas de ciudadanía caribeña por inversión es el hecho de que permiten viajar sin visado a Estados Unidos o a la UE, algo de lo que disfrutan los ciudadanos de esos países.
¿Dónde hay programas de ciudadanía por inversión en el Caribe?
La OECS está formada por siete Estados miembros: Antigua y Barbuda, Dominica, Granada, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, Monserrat y San Vicente y las Granadinas, de los cuales los dos últimos son los únicos que no ofrecen programas de ciudadanía caribeña por inversión. San Cristóbal y Nieves fue la primera nación del bloque en ofrecer la ciudadanía por inversión, lanzando su programa en 1984. Las solicitudes suelen tardar unos meses en completarse.
Cada uno de los cinco miembros de la OECS que ofrecen la ciudadanía por inversión lo hacen bajo diferentes condiciones (todas las cifras están expresadas en USD).
Antigua y Barbuda ofrece la ciudadanía por inversión para:
- Una inversión mínima de 200.000 dólares en un proyecto inmobiliario aprobado
- La compra de un negocio por una inversión mínima de 1,5 millones de dólares
- Una compra conjunta por un total de 5 millones de dólares como mínimo, en la que cada persona aporte al menos 400.000 dólares
- Una contribución mínima al Fondo de Desarrollo Nacional de 100.000 dólares
- Una contribución mínima a la Universidad de las Indias Occidentales de 100.000 dólares.
Dominica ofrece la ciudadanía por inversión a través de una contribución al Fondo de Diversificación Económica del país, con una inversión mínima basada en el número de personas que recibirán la ciudadanía como parte de la solicitud:
- 100.000 dólares para un solicitante único
- 150.000 dólares para un solicitante principal y su cónyuge
- 175.000 dólares de contribución para un solicitante principal, su cónyuge y hasta 2 hijos
- 25.000 dólares por cada uno de los dependientes adicionales
- 50.000 dólares cada uno para los hermanos de 18 a 25 años que cumplan los requisitos.
Granada ofrece la ciudadanía por inversión para:
- Una donación (más gastos) al Fondo Nacional de Transformación de Granada por un total de:
- 150.000 dólares para un individuo
- 200.000 dólares para familias de hasta cuatro personas
- 225.000 dólares para familias de cinco personas
- Una inversión mínima de 220.000 dólares en un proyecto inmobiliario aprobado.
San Cristóbal y Nieves ofrece la ciudadanía por inversión para:
- Una donación al Fondo de Desarrollo Sostenible de San Cristóbal y Nieves por un total de:
- 150.000 dólares para un individuo
- 175.000 dólares para un matrimonio
- 195.000 dólares para una familia de cuatro miembros
- 10.000 dólares más por cada hijo o padre adicional
- 20.000 dólares más por cada hermano adicional
- Una inversión mínima de 175.000 dólares en un proyecto inmobiliario social o de infraestructuras aprobado
- Una inversión mínima de 200.000 dólares (más una tasa de 35.050 dólares) en un proyecto inmobiliario aprobado, que debe mantenerse durante un mínimo de siete años (o un mínimo de cinco años para compras superiores a 400.000 dólares)
- Una inversión mínima de 400.000 dólares (más 35.050 dólares de tasa) en un proyecto inmobiliario que no aparezca en una lista de proyectos aprobados por el gobierno.
Santa Lucía ofrece la ciudadanía por inversión para:
- Una donación al Fondo Económico Nacional de Santa Lucía por un total de:
- 100.000 dólares para un individuo
- 140.000 dólares para un individuo y su cónyuge
- 150.000 dólares para un individuo, su cónyuge y hasta dos dependientes
- 15.000 dólares más por cada dependiente adicional que lo solicite al mismo tiempo
- Una donación adicional de 25.000 dólares por cada dependiente adicional que reúna los requisitos y que lo solicite posteriormente
- Una inversión en bonos del Estado que no devengan intereses (más una comisión administrativa de 50.000 dólares) por un total de:
- 500.000 dólares para un individuo
- 535.000 dólares para un individuo y su cónyuge
- 550.000 dólares para un individuo, su cónyuge y hasta dos dependientes
- 25.000 dólares más por cada dependiente adicional que lo solicite al mismo tiempo
- Una inversión en un Bono de Socorro COVID-19 (más una tasa administrativa de 30.000 dólares) por un total de:
- 250.000 dólares para una persona física (debe mantenerse durante cinco años)
- 250.000 dólares para una persona, su cónyuge y una persona a su cargo (debe mantenerse durante seis años)
- 250.000 dólares para un individuo, su cónyuge y hasta cuatro dependientes (debe mantenerse durante siete años)
- 300.000 dólares para un individuo, su cónyuge y hasta cuatro dependientes (debe mantenerse durante cinco años)
- 15.000 dólares más por cada dependiente adicional que lo solicite al mismo tiempo
- Una inversión mínima de 300.000 dólares en un proyecto inmobiliario aprobado, que debe mantenerse durante un mínimo de cinco años
- Una inversión mínima de 3,5 millones de dólares en un proyecto empresarial aprobado que cree al menos tres puestos de trabajo permanentes
- Una inversión conjunta mínima de 6 millones de dólares, en la que cada persona invierta al menos 1 millón, en un proyecto empresarial aprobado que cree al menos seis puestos de trabajo permanentes.
Programas de ciudadanía por inversión en el Caribe lucrativos para los gobiernos
Algunas naciones caribeñas dependen en gran medida de los programas de ciudadanía por inversión: Antigua y Barbuda habría generado entre el 10% y el 15% de los ingresos totales de su programa, mientras que otras habrían generado hasta el 50% de los ingresos gracias a ellos.
En respuesta a las medidas de la UE y de EE.UU. para hacer frente a los esquemas, el Primer Ministro de Antigua y Barbuda, Gaston Browne, ha tratado de promover una respuesta subregional, proponiendo un organismo regulador caribeño para supervisar los esquemas de ciudadanía por inversión entre los miembros de la OECO en un intento de abordar las preocupaciones que avivan la legislación contra ellos.
“Será una respuesta a las cuestiones que ha planteado [la UE] y servirá para demostrar, por encima de cualquier otra cosa, nuestra intención de cumplir y ser comprensivos con las cuestiones que puedan surgir en términos de su propia seguridad interna”, declaró el portavoz del gabinete de Antigua y Barbuda, Melford Nicholas, a la prensa local tras las conversaciones del gobierno sobre la cuestión.
Por su parte, Browne, aunque ha manifestado su oposición a las medidas, también ha admitido que la UE y EE.UU. tienen la sartén por el mango, dado que la eliminación de la exención de visado “socavaría claramente el valor de estos programas”.
En marzo, Browne se sinceró sobre los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe, afirmando que era la capacidad de los solicitantes de obtener rápidamente la ciudadanía sin pasar por un periodo de residencia, como ocurre en muchos países, lo que los hacía atractivos y lucrativos para las naciones que los ofrecen.
“La razón por la que nuestras ciudadanías son viables es porque vamos directamente a la ciudadanía. Si los países tuvieran que competir exclusivamente ofreciendo la residencia, está claro que no podríamos competir con el programa de Estados Unidos o con los de Europa”, declaró en la prensa local.
Sin embargo, con el conflicto en Ucrania entrando en una nueva fase, ya que Rusia montó una gran ofensiva en la región oriental de Donbás a mediados de abril, siguió aumentando la presión en Estados Unidos y la UE para que se tomen más medidas para socavar a Rusia y su élite, siendo la prohibición de los programas de ciudadanía por inversión un objetivo muy visible para los legisladores estadounidenses y europeos.
La vida después de los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe
La oposición a los programas de ciudadanía por inversión en el Caribe no está reservada a los países de la OECS, ya que el gobierno de San Vicente y las Granadinas lleva mucho tiempo criticando estos programas.
Años antes de los actuales movimientos para cerrarlos, el Primer Ministro vicentino Ralph Gonsalves se había comprometido a no permitir nunca la ciudadanía por inversión bajo su liderazgo. Más recientemente, la legislación de EE.UU. y la UE para combatirlos hizo que Gonsalves los tachara de “no sostenibles”.
Como se destaca en un reciente análisis de David Jessop, consultor del organismo de promoción del comercio y la inversión del Consejo del Caribe, la probable aprobación de la legislación tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, en medio de las dudas sobre la viabilidad y la probabilidad de que se proponga un organismo regulador subregional que lo impida, plantea un problema importante para muchas naciones en términos de ingresos.
Según Jessop, aunque no está del todo claro cuán lucrativos son los programas de ciudadanía por inversión, un análisis del Banco Central del Caribe Oriental ha sugerido que las naciones de la OECS que ofrecen los esquemas generaron casi 185 millones de dólares estadounidenses solo en 2019, casi el 5% de los PIB combinados de Dominica, San Cristóbal y Nieves y Granada, tres naciones que, según se informa, se benefician especialmente de estos esquemas.
Como afirma Jessop, el escrutinio al que están sometidos ahora los esquemas de ciudadanía por inversión en el Caribe también verá probablemente cómo los regímenes bancarios extraterritoriales se ponen en el punto de mira, lo que representa otro desafío para las economías que se benefician de ellos.
“Ante un mundo que se divide rápidamente y se adapta a las nuevas normas, este parece ser el momento en el que las naciones [de ciudadanía por inversión] se pongan de acuerdo para poner fin a la venta de pasaportes y actualicen o diseñen programas de residencia por inversión bien regulados y aceptables a nivel internacional”, escribió Jessop, afirmando que este enfoque podría ir acompañado de planes mejorados a largo plazo para animar a los trabajadores a distancia a trasladarse al Caribe.
Según Jessop, aunque estas medidas no proporcionarán una compensación inmediata, el mercado de las estancias largas de alto nivel ofrece el potencial de crear nuevas fuentes de ingresos y atraer tanto a personas de alto poder adquisitivo como a jóvenes profesionales cualificados que podrían hacer importantes contribuciones al crecimiento económico.
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