Durante algunos años México lideró América Latina en términos de exploración y producción minera, alcanzando su punto álgido en 2012. Desgraciadamente, el año pasado perdió su primera posición en el sector en favor de Chile. No obstante, México es el quinto mercado más importante a nivel mundial para la minería y sigue siendo un mercado atractivo para los inversores, ya que recibió 5.200 millones de dólares de inversión en 2015. La industria representa el 5,5% del PIB de México y, según ProMéxico, generó 345.000 empleos en 2015. Canadá es el país que más invierte en el sector minero, con un 65%, seguido de EEUU, con un 17%.
México produce cantidades significativas de oro, plata (es el mayor productor mundial) y cobre, además de ser un importante exportador de fluorita, bismuto, celestita, sulfato sódico, wollastonita, plomo, molibdeno, diatomita, cadmio, grafito, baritina, sal, yeso, manganeso y zinc.
Minería mexicana – Inversión extranjera en México
El gobierno de México lleva mucho tiempo aplicando una política favorable a la inversión y la exportación en lo que se refiere a la industria minera. Los inversores extranjeros que operan en México han disfrutado del beneficio de poder poseer el 100% del capital de los activos mineros durante un periodo de concesión de 50 años, que puede renovarse por otros 50 años después. Históricamente se han aprobado reformas para reducir las trabas legales para operar en la industria minera y la irradiación del principal sindicato minero nocivo.
Los costes de dirigir una empresa en el sector minero en México también son muy competitivos. Los precios de la energía para el sector industrial se redujeron un 26,8% entre 2014-15, lo que supone una razón más para invertir en la industria minera mexicana.
Fiscalidad minera mexicana
La reforma fiscal mexicana dio lugar a algunos cambios en los impuestos mineros en México. Los cambios en la Ley Federal de Derechos (LFD) incluyeron un derecho especial sobre la minería que aplica una tributación del 7,5% sobre los beneficios mineros. También se incrementó el tipo del impuesto de sociedades del 28% al 30%, y se modificó el método de deducción fiscal de los gastos de exploración para que se deduzcan en línea recta durante más de 10 años, en lugar de que la inversión total sea deducible en el año en que se produce.
Durante los once primeros años desde la obtención de la licencia, se ha producido un aumento del 50% de los derechos aplicables a las hectáreas no exploradas o no explotadas con licencia durante dos años consecutivos. Además, se paga un derecho minero sobre las ventas de oro, plata y platino a un tipo del 0,5%. Antes de la reforma fiscal, México era uno de los pocos países que no aplicaba impuestos ni derechos mineros, y aunque los agentes del sector lo aceptaron como un ajuste esperado, no dejó de causar ondas.
Los impuestos recién recaudados se reúnen en un fondo para el desarrollo regional sostenible y se distribuyen entre municipios y estados. En 2015, se formaron 25 comités de desarrollo regional para gestionar el fondo, integrados por representantes de los gobiernos federal y estatal, municipios, comunidades indígenas y campesinas y empresas mineras. Los ingresos se destinan a diversos fines sociales y, en 2014, los fondos recaudados alcanzaron los 2.600 millones de MXN (137,6 millones de dólares estadounidenses).
A pesar de los retos derivados de los cambios en la legislación fiscal, México sigue siendo un mercado muy atractivo para los inversores extranjeros, con aproximadamente un 70% de su territorio aún sin explorar.
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